La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia estatal la identifica como operadora de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena entre 2022 y 2023.
De acuerdo con las indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera, la autoridad detectó aproximadamente 3,591 operaciones en el sistema financiero mexicano de transferencias y pagos electrónicos. Se presume que estos movimientos fueron realizados por integrantes de una red de corrupción con recursos provenientes de cuentas bancarias del INVI, los cuales suman un total de 54 millones 876 mil 222 pesos.
En lo específico contra Villarreal González, la fiscalía imputa el disposición de 762,000 pesos para uso personal. Junto a ella, también fue vinculado a proceso Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del instituto. Por otro lado, Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del INVI, se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz desde hace más de dos años sin sentencia por el delito de peculado.
Respecto a la continuidad de las irregularidades, el Semanario ZETA publicó información en la que revela que Benjamín García Meza, quien asumió la dirección general del INVI el 2 de octubre de 2023, también estuvo relacionado con el desfalco al haber autorizado transferencias mientras la cuenta se vaciaba. No obstante, fuentes de la Contraloría Estatal citadas por el mismo medio señalaron que Villarreal y Reyes debieron ser acusados por peculado y no por operaciones con recursos ilícitos, bajo el argumento de que este último delito podría ser desechado.
Además de los funcionarios mencionados, la red de corrupción señalada incluye a Edy Hassan, socio de Javier Ramírez, y a Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano del exfuncionario, quienes también han sido detenidos. Las investigaciones continúan para determinar el alcance total del daño patrimonial y la participación de otros actores en el esquema de desvío de fondos públicos en la entidad.
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