Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en la firma del contrato con la empresa Next Energy. La resolución fue emitida tras una audiencia que inició el 23 de marzo a las 09:23 horas y se extendió hasta el día siguiente en la ciudad de Mexicali, donde el juzgador Gerardo Anguiano Ceja encontró elementos para proceder legalmente en contra del ahora dirigente del Partido del Trabajo.
El caso gira en torno a un acuerdo plurianual por 4,500 millones de pesos a 30 años para la construcción de una planta fotovoltaica destinada a dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana, infraestructura que nunca se construyó. Según los datos de la investigación, el contrato contemplaba un pago mensual de alrededor de 123 millones de pesos, realizándose un desembolso inicial por ese mismo monto.
Durante la audiencia, la defensa legal de Bonilla, integrada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para contradecir la acusación de abuso de autoridad. Los defensores sostuvieron que los pagos efectuados a la empresa ocurrieron entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, fechas posteriores a que Bonilla dejara la administración estatal en octubre de 2021. Asimismo, alegaron que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable al tratarse de un contrato para adquisición de servicio y no de crédito fiscal.
A pesar de las argumentaciones de la defensa sobre los tiempos de los desembolsos y la naturaleza jurídica del convenio, el juez de control determinó vincular a proceso al exfuncionario. La Fiscalía General del Estado llevó la acusación en un procedimiento que ocurre en medio de un conflicto político entre el exgobernador y la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila.
Con esta decisión judicial, Jaime Bonilla se convierte en el primer exgobernador originario de Morena en ser acusado abiertamente de corrupción y sometido a proceso penal en la entidad. El plazo establecido para la investigación de este caso es de seis meses, periodo durante el cual se deberá profundizar en las circunstancias de la contratación y los pagos realizados a la empresa energética.
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