Bogotá, 22 de junio de 2026.- Durante un panel sobre tendencias electorales en América Latina realizado en esta ciudad, el académico Daniel Zovatto y la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, sostuvieron un intercambio respecto a los resultados de las elecciones federales de 2024 en México y la distribución de diputaciones plurinominales.
Zovatto, experto en procesos electorales, se refirió a la decisión del TEPJF que confirmó la asignación de escaños para Morena y sus aliados. El académico señaló que el partido oficialista obtuvo una mayoría legislativa superior a la reflejada en los resultados electorales. “Morena, gracias a una interpretación de los resultados electorales, terminó teniendo un nivel de mayorías significativamente más alto que el que electoralmente le dio”, afirmó Zovatto.
Por su parte, la magistrada Mónica Soto defendió la actuación del tribunal y rechazó que existiera una interpretación distinta a la prevista en la Carta Magna. Soto sostuvo que el órgano electoral aplicó la fórmula constitucional utilizada en procesos previos. “El Tribunal Electoral aplicó íntegra y textualmente la Constitución. Es un argumento falaz”, declaró la funcionaria.
Zovatto insistió en que la resolución generó un amplio debate público y jurídico, calificando la sentencia como una de las decisiones electorales más controvertidas de los últimos años. Según el académico, la controversia se debió a la interpretación del límite de sobrerrepresentación previsto en el artículo 54 constitucional.
Horas después del encuentro, Zovatto publicó un mensaje en su cuenta de X para explicar los argumentos de su postura. En dicho texto, expuso que la sentencia cerró la vía jurisdiccional y permitió al bloque oficialista impulsar reformas constitucionales de gran calado. “La sentencia cerró la vía jurisdiccional, permitiendo al bloque oficialista de Morena impulsar reformas constitucionales de gran calado y altamente controversiales, aprovechándose de la súper mayoría que le concedió la mencionada sentencia”, escribió.
La magistrada reiteró durante el panel que la resolución se sustentó en disposiciones constitucionales vigentes y en criterios previamente aplicados por las autoridades electorales mexicanas, manteniendo su postura sobre la legalidad del proceso de asignación de curules.
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