Madrid, 22 de junio de 2026.- El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró durante casi tres horas (156 minutos) ante la Audiencia Nacional el pasado miércoles 21 de junio de 2026. Tras la comparecencia, el juez instructor José Luis Calama rubricó un auto en el que indicó que el investigado no había logrado «desvirtuar los indicios racionales de criminalidad».
Al salir de la sede judicial, Zapatero pidió la confianza de los ciudadanos y afirmó: «Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo». Por su parte, el presidente Pedro Sánchez y el PSOE declararon su respaldo y empatía hacia el expresidente y sus hijas, quienes fueron imputadas un día después. «Tienen el respaldo y la empatía del PSOE, confiamos en su inocencia», stated Sánchez.
La investigación se centra en una comida celebrada el 26 de enero de 2021 en el restaurante Portonovo de Madrid, donde estuvieron presentes el empresario Julio Martínez Martínez y el militante socialista Tomás Guerrero Blanco. El juez Calama manifestó que no tiene claro si José Luis Rodríguez Zapatero era el otro comensal o si conoció esa comida de alguna manera.
Zapatero conoció a Julio Martínez Martínez en 2011, año en que este compró una vivienda a la familia Zapatero-Espinosa. En febrero de 2020, el empresario fundó la consultora Análisis Relevante, para la que trabajó el expresidente hasta finales de 2025. Sobre esta relación, el juez explicitó: «Lo que sí está claro es que el dinero que entra en Análisis Relevante es básicamente para usted como persona física y para sus hijas».
Ante el tribunal, Zapatero describió sus labores de consultoría como «informes generales de geoestrategia política, de economía y de las consecuencias», aclarando que podían incluir viajes, comidas o consultas, y no necesariamente documentos escritos. Sin embargo, un punto débil de su versión es la imposibilidad de mostrar el rastro o huella de dichas labores.
En el sumario no existe ninguna prueba directa de que Zapatero ejerciera presión contra un funcionario o autoridad pública para lograr el rescate de 53 millones de euros entregado desde el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra.
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