marzo 15, 2026
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Por Redacción

Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió a Javier ‘N’, el único detenido por el asesinato del activista ambiental Samir Flores Soberanes, ocurrido en febrero de 2019, luego de que la Fiscalía de Morelos no lograra presentar pruebas suficientes para acreditar su culpabilidad. El fallo judicial, emitido entre el 14 y 15 de marzo, generó críticas hacia la dependencia por una investigación considerada deficiente. Paralelamente, autoridades reportaron detenciones en la Ciudad de México por robo de joyería, así como procesos por delincuencia organizada en Chihuahua y portación de armas en Jalisco.

El caso de Samir Flores, quien se oponía al Proyecto Integral Morelos (PIM), permanece así sin culpables condenados. Medios nacionales señalaron que la investigación de la Fiscalía de Morelos fue pobre y no alcanzó el nivel probatorio necesario para sostener la acusación en el juicio oral. Se menciona que existían otros dos presuntos autores materiales del crimen, pero sus identidades y paradero se mantienen sin esclarecer.

En un hecho simultáneo pero no relacionado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre la detención de cuatro ciudadanos colombianos, de 52, 48, 43 y 24 años, por el robo de 739 piezas de joyería valuadas en aproximadamente 400 mil pesos en la alcaldía Benito Juárez. Uno de los detenidos contaba con antecedentes penales.

En Chihuahua, un juez impuso prisión preventiva oficiosa a cinco individuos, identificados como José Isaac N, José Ramón N, José N, Luis N y Gonzalo N, por su presunta participación en delincuencia organizada con fines de tráfico de personas.

Mientras tanto, en Puerto Vallarta, Jalisco, otras siete personas –Edwin N, Francisco N, Elvira N, Karina N, Luis N, Ivette N y Betzy N– fueron vinculadas a proceso por el delito de portación de armas.

La absolución en el caso de alto perfil de Samir Flores reabre el debate sobre la impunidad en crímenes contra defensores de derechos humanos y la capacidad de las fiscalías locales para investigar delitos complejos, en contraste con las acciones reportadas contra delitos comunes en otras entidades.

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