Por Redacción
Ciudad De México, 15 de marzo de 2026.- La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó este sábado el inicio de un procedimiento especial sancionador contra un ciudadano y un medio de comunicación digital por presuntas conductas de violencia política contra las mujeres, en un caso que ha generado enfrentamientos entre figuras políticas nacionales. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, identificó públicamente al youtuber Manuel Pedrero como el presunto agresor de la diputada local Tania Larios, aunque el organismo electoral no ha revelado oficialmente los nombres de los implicados.
Moreno Cárdenas se lanzó contra Pedrero a través de sus redes sociales, calificándolo como “cínico que se presenta como periodista mientras actúa como golpeador digital al servicio del régimen”. Esta declaración surgió tras la resolución del IECM, que procedió con medidas cautelares contra los involucrados por posibles violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres.
El caso expone las tensiones entre el PRI y Morena en el ámbito mediático, donde las acusaciones de violencia política de género se han convertido en un campo de batalla entre ambos partidos. Hasta el momento, Manuel Pedrero no ha emitido una respuesta pública a las acusaciones en su contra, ni se ha pronunciado sobre el procedimiento iniciado por las autoridades electorales capitalinas.
El IECM, como órgano encargado de garantizar los derechos político-electorales en la capital del país, mantiene en reserva la identidad específica del medio de comunicación digital y el ciudadano señalados, así como el contenido exacto de las expresiones consideradas como violencia de género. Tampoco se ha revelado el nombre del programa de noticias o la red social donde se transmitieron dichas expresiones.
La diputada Tania Larios, presunta víctima en este caso, no ha hecho declaraciones públicas sobre el procedimiento iniciado por el Instituto Electoral. La resolución del IECM se enmarca en el contexto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incluye específicamente la violencia política por razón de género como una modalidad sancionable.
Este caso refleja la creciente atención que las autoridades electorales están prestando a las agresiones contra mujeres en el ámbito político, particularmente aquellas que se manifiestan a través de medios digitales y redes sociales, espacios donde frecuentemente se reproducen estereotipos y discursos de odio con impacto en la vida pública de las funcionarias.
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