Por Redacción
Tijuana, 19 de marzo de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) inició la tarde del 18 de marzo el despliegue aéreo de mil 170 efectivos hacia los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez y León, con el objetivo de reforzar la seguridad pública en estas zonas críticas. La operación, coordinada bajo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, movilizó tres aeronaves de transporte estratégico para trasladar al contingente, que incluye 270 fusileros paracaidistas de la Brigada especializada.
El arribo de las tropas se realizó a las 17:00 horas del día anterior, marcando el inicio de las tareas de disuasión y prevención del delito en colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno en Baja California, Chihuahua y Guanajuato. El grueso del personal proviene de la 2.a, 5.a y 16.a Zonas Militares, así como de elementos de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, quienes se sumarán a los patrullajes existentes para inhibir las actividades de grupos delictivos.
La selección de Tijuana, Ciudad Juárez y León como destinos prioritarios responde a la necesidad de fortalecer el cerco de seguridad en regiones que han registrado alta incidencia de violencia organizada. Las fuerzas desplegadas trabajarán en coordinación con las fiscalías y policías locales para realizar operaciones de control territorial y vigilancia intensiva, buscando restablecer la paz social en las comunidades afectadas.
Este movimiento logístico representa una de las mayores movilizaciones internas de tropas en el primer trimestre del año, evidenciando la capacidad de respuesta rápida del Ejército Mexicano ante las demandas de seguridad ciudadana. La presencia de unidades de élite como los fusileros paracaidistas sugiere un enfoque en operaciones de alto impacto contra células criminales bien armadas.
Las autoridades federales no han especificado la duración estimada de este despliegue, aunque se espera que la permanencia de los militares esté sujeta a la evolución de los índices delictivos en cada plaza. La estrategia busca generar un efecto disuasorio inmediato mientras se consolidan los mecanismos de inteligencia para desarticular las redes de operación del crimen organizado en la frontera norte y el Bajío.
Con esta acción, el gobierno federal reafirma su compromiso de mantener la coordinación entre las fuerzas armadas y las instituciones civiles de seguridad, apostando por la ocupación territorial como herramienta principal para recuperar espacios que habían sido cooptados por la ilegalidad.
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