Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Diversos sectores sociales, incluyendo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), han amenazado con boicotear la organización del Mundial de Fútbol 2026 en México si el gobierno federal no atiende sus demandas. La advertencia surge tras una jornada de movilizaciones en la capital el 18 de marzo, donde se exigieron respuestas inmediatas sobre acuerdos incumplidos y se anunció la posibilidad de paros nacionales de 72 horas.
Luis Alberto López, vocero de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, declaró que el movimiento está dispuesto a dialogar con cualquier autoridad federal, modificando su postura inicial que exigía una mesa exclusiva con la presidenta Claudia Sheinbaum. El dirigente confirmó un paro anunciado de 72 horas como medida de presión, aunque no precisó la fecha exacta de inicio, vinculando la acción a la falta de atención a sus reclamos educativos en medio de la inversión de 225 mil millones de pesos destinada a infraestructura deportiva y vial para el torneo.
Por su parte, Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM, sumó las voces del campo a la amenaza, indicando que los productores agrícolas podrían sumar bloqueos a partir del próximo lunes si no se definen las políticas de apoyo pendientes. Aunque la investigación no detalla los acuerdos específicos incumplidos, la presión se centra en la percepción de que los recursos prioritarios se están desviando hacia el evento internacional en detrimento de las necesidades rurales.
David Esteves, líder de la ANTAC, se alineó con las protestas, advirtiendo que el sector transporte también podría sumarse a las acciones de paro. La convergencia de estos tres sectores busca utilizar la visibilidad del Mundial 2026 como palanca para forzar negociaciones con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), quienes hasta el momento han llamado al diálogo sin abordar directamente las consecuencias que un boicot tendría para el evento.
Las autoridades federales mantienen una postura de apertura a la negociación, pero enfrentan el reto de coordinar respuestas para evitar que las protestas escalen y afecten la imagen del país como sede compartida del torneo. La situación permanece en tensión mientras los movimientos sociales evalúan la respuesta del ejecutivo en los próximos días, con la posibilidad de que las movilizaciones se intensifiquen si no se perciben avances concretos en sus pliegos de demandas.
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