Por Redacción
Ciudad de Mexico, 21 de marzo de 2026.- Familiares de trabajadores y campesinos detenidos durante un operativo de seguridad se manifestaron este día para exigir la liberación inmediata de los detenidos, denunciando que las autoridades estatales están criminalizando la protesta social. La movilización fue organizada por integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, quienes reportan una discrepancia entre las cifras oficiales y la realidad de los hechos.
El origen de la tensión se remonta a un plantón pacífico frente a la empresa Sotomex, realizado para demandar la indemnización y prestaciones de cuatro empleados que fueron despedidos sin cumplimiento de la ley laboral. Durante la intervención de fuerzas de seguridad, se realizaron detenciones que han derivado en la actual movilización de familiares que buscan respuestas sobre el paradero y la situación legal de sus seres queridos.
Según información recabada en el lugar, el artículo menciona más de una veintena de detenciones, sin embargo, las listas manejadas por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna indican que al menos 30 personas figuran como desaparecidas o detenidas. Esta contradicción en las cifras ha sido señalada por los manifestantes como evidencia de la falta de claridad por parte de las autoridades sobre el número real de personas retenidas.
Los familiares acusan directamente al gobierno estatal de utilizar la fuerza pública para reprimir la disidencia y convertir una demanda laboral legítima en un asunto de seguridad pública. Hasta el momento, no se ha presentado una respuesta oficial por parte del gobierno estatal o las autoridades judiciales que aclare las causas formales de las detenciones, la identidad precisa de los detenidos ni la ubicación exacta dentro de Durango a donde fueron trasladados.
La ausencia de información concreta sobre los líderes o portavoces del frente, así como la hora exacta de la manifestación, mantiene la incertidumbre entre los presentes. La protesta continúa con la demanda central de que se revele la verdad sobre las personas detenidas y se cese lo que consideran una política de criminalización contra movimientos sociales en la región lagunera.
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