Ciudad de Mexico, 17 de junio de 2026.- La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, llamó a las autoridades mexicanas a investigar “el uso excesivo de la fuerza” contra mujeres buscadoras que se manifestaron la semana pasada en el marco del inicio del Mundial de Futbol. La funcionaria pidió garantizar que ninguna persona “sea hostigada, intimidada o agredida” por defender los derechos humanos.
Colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles denunciaron que en Puebla, Toluca y Ciudad de México varias de sus protestas fueron “cercadas” por policías para contener sus movilizaciones. En Puebla, el colectivo Voz por los Desaparecidos acusó que antes de la marcha del 8 de junio pasado, en el marco del partido España contra Perú, el gobierno de Alejandro Armenta intentó “sabotear” sus actividades al citarlas a “reuniones imprevistas” para presuntamente hablar sobre sus casos.
María Luisa Núñez, cofundadora del colectivo Voz por los Desaparecidos en Puebla, explicó que en una de las reuniones se le sugirió “que no me manifestara, que el siguiente jueves el gobernador iba a recibirme”. Núñez indicó que durante la caminata del 8 de junio fueron “encapsuladas” por policías estatales y que un cerco policiaco les impidió el avance en la calzada Ignacio Zaragoza “entre empujones” e insultos.
En Toluca, de acuerdo con los colectivos, poco antes del partido entre México y Serbia en el estadio Nemesio Díez, integrantes de Flores en el Corazón “fueron cercadas por una presencia desproporcionada de elementos policiacos”.
Por otro lado, un editorial critica una “negación sistemática” de la realidad de casi 200 mil desaparecidos y sus familias por parte del gobierno. El texto señala un “segundo extremo” que es “la complicidad del gobierno mexicano con las bandas criminales” y afirma que los gobiernos federales de Morena, el de AMLO y el de Claudia Sheinbaum, siguen de manera puntual “El Manual del Dictador”.
El editorial menciona crímenes cometidos en el llamado “rancho del exterminio”, en Teuchitlán, Jalisco, donde carteles criminales secuestraron, mataron e incineraron a por lo menos 900 ciudadanos. Asimismo, acusa que desde el partido oficial mexicano, Morena, se estableció una “alianza narca” que financió la construcción del partido.
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